La Autonomía Incómoda

A raíz del artículo que publiqué hace unos días sobre innovación social, responsabilidad narrativa y el reciente escándalo en torno a Someone Somewhere, se difundió un nuevo video que agrega una capa más de complejidad a una conversación que, desde el inicio, parecía resistirse a las explicaciones simples.

En el video aparece un grupo de mujeres integrantes de Mujeres Unidas Chakalxochitl, una organización de artesanas que ha colaborado con Someone Somewhere durante aproximadamente catorce años. Frente a las acusaciones que han circulado en redes sociales durante las últimas semanas, las artesanas afirman haber decidido libremente trabajar con la empresa y sostienen que las condiciones de colaboración y pago han sido acordadas por ellas mismas.

Los testimonios además, se concentran en otros aspectos que las mujeres consideran valiosos: la posibilidad de generar ingresos sin abandonar su comunidad, trabajar cerca de sus familias, conservar horarios flexibles, complementar otras actividades productivas y participar en proyectos que han dado visibilidad nacional e internacional a su trabajo. Algunas expresan además sentirse decepcionadas por opiniones emitidas desde fuera de la comunidad por personas que, en sus palabras, desconocen la realidad cotidiana del proyecto.

El video no demuestra que todas las artesanas piensen igual. Tampoco invalida posibles inconformidades o conflictos que deban ser escuchados y atendidos. Pero sí introduce una pregunta que considero fundamental: ¿qué ocurre cuando una comunidad no habla con una sola voz?

Quizás ese ha sido uno de los aspectos más difíciles de procesar en toda esta discusión. La tendencia a asumir que existe una única versión legítima de los hechos. Sin embargo, la realidad de las comunidades humanas suele ser mucho más compleja. Existen desacuerdos, liderazgos, tensiones, alianzas, diferencias generacionales, conflictos internos y visiones distintas sobre lo que significa una relación económica justa.

Y es precisamente ahí donde la conversación deja de tratar sobre una empresa en particular para convertirse en algo mucho más interesante: cómo entendemos la autonomía, el poder, la representación y la capacidad de las comunidades para definir por sí mismas las relaciones económicas que desean construir.

Antes de emitir juicios sobre cómo deberían organizarse económicamente estas mujeres, quizás vale la pena detenernos un momento en tres conceptos que suelen aparecer constantemente en estas discusiones: autodeterminación, autonomía y poder.

Autodeterminación, autonomía y poder

La autodeterminación es el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. La autonomía comunitaria es la capacidad de organizar su vida política, económica, social y cultural conforme a sus propias decisiones y formas de gobierno. Y el poder, en su sentido más simple, es la capacidad real de influir sobre las decisiones que afectan nuestra vida.

Cuando hablamos de pueblos indígenas solemos defender estos principios con convicción. Reconocemos su derecho a preservar sus instituciones, sus formas de organización y sus mecanismos para tomar decisiones colectivas. Sin embargo, con frecuencia aparece una tensión interesante: apoyamos la autonomía mientras las decisiones de una comunidad coincidan con nuestros propios ideales sobre cómo debería distribuirse el poder.

En este sentido, el propio Estado mexicano reconoce que existen ámbitos donde los pueblos indígenas pueden ejercer formas particulares de organización y gobierno. Nuestra Constitución reconoce sistemas normativos internos para la resolución de ciertos conflictos y la impartición de justicia comunitaria. Existen también prácticas culturales y espirituales protegidas que reciben un tratamiento distinto al del resto de la población. Un ejemplo conocido es el uso ceremonial del peyote por parte de algunos pueblos indígenas. Su reconocimiento no sólo existe en el ámbito nacional, sino que forma parte de marcos jurídicos más amplios vinculados a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente. En el caso de pueblos como los wixaritari y de comunidades indígenas vinculadas a la Iglesia Nativa Americana, se han establecido excepciones legales que permiten el uso ritual del peyote e incluso facilitan, bajo determinadas condiciones, su transporte y circulación transfronteriza entre México y Estados Unidos. Este reconocimiento responde precisamente al respeto de una cosmovisión, una identidad cultural y una forma particular de entender la relación con el mundo.

El sesgo de nuestra propia cosmovisión

Hace algunos años leí un libro que me marcó profundamente: “El rostro indio de Dios”. Llegué a él persiguiendo una pregunta aparentemente sencilla. Durante una clase de economía, un profesor sostenía que la propiedad privada era prácticamente inherente al ser humano. Argumentaba que incluso los niños pequeños aprenden rápidamente a distinguir entre "lo mío" y "lo tuyo", como si la noción de posesión fuera una característica universal de nuestra especie.

Sin embargo, aquella aparente certeza nunca terminó de convencerme. Intuía que podían existir otras formas de entender la propiedad, la riqueza y las relaciones humanas, y fue esa búsqueda la que me llevó a encontrar este libro que terminaría marcándome profundamente.

A través de los testimonios de misioneros y personas que convivieron durante años con diversos pueblos originarios de México, descubrí una forma radicalmente distinta de entender la riqueza, la propiedad y el poder. Lo que más me sorprendió fue comprender que, en muchas comunidades indígenas, la acumulación de bienes no necesariamente genera prestigio. Por el contrario, la riqueza adquiere valor en la medida en que puede compartirse, redistribuirse y ponerse al servicio de la comunidad.

En esa lógica, el reconocimiento social no proviene de cuánto se conserva para uno mismo, sino de cuánto se es capaz de aportar a los demás. Las fiestas comunitarias, por ejemplo, cumplen muchas veces una función que va mucho más allá de la celebración. Son también mecanismos de redistribución, reciprocidad y equilibrio social. Quienes más tienen suelen asumir mayores responsabilidades frente a la comunidad. El poder y la riqueza no aparecen únicamente como privilegios; aparecen también como obligaciones.

No pretendo idealizar estas formas de organización ni sugerir que todas las comunidades indígenas piensan igual. Pero sí recuerdo la profunda incomodidad intelectual que sentí al descubrir que algo que nunca antes me había cuestionado —la acumulación individual como expresión del éxito— no era una verdad universal, sino apenas una forma particular de entender el mundo.

Y esa experiencia me dejó una pregunta que sigue acompañándome hasta hoy.

Si para muchas personas formadas en una tradición occidental, urbana e individualista resulta tan difícil comprender una cosmovisión distinta sobre la riqueza, el poder y la propiedad, ¿con cuánta cautela deberíamos emitir juicios sobre las decisiones económicas que toman comunidades cuya manera de entender estos conceptos puede ser profundamente diferente a la nuestra?

Porque quizás parte de la humildad que exige la autonomía consiste precisamente en reconocer que no siempre contamos con todas las herramientas para interpretar correctamente aquello que observamos desde fuera.

La autonomía incómoda

Quizá la pregunta más incómoda que me dejó toda esta discusión es si, en nuestro afán por proteger, también corremos el riesgo de imponer. Porque una vez que reconocemos que existen distintas formas de entender la riqueza, el trabajo, el prestigio, la reciprocidad o el liderazgo, aparece inevitablemente otra pregunta: ¿hasta dónde llega nuestro derecho a interpretar desde fuera cómo otras personas deberían organizar su vida económica y comunitaria? Especialmente cuando esas formas de organización no se parecen a las nuestras o no responden a las categorías desde las que solemos analizar el poder, la justicia o la representación.

No se trata de romantizar a las comunidades ni de asumir que toda práctica comunitaria es justa por definición. Se trata de reconocer que la autonomía sólo es verdadera si admite la posibilidad de tomar decisiones distintas a las que nosotros tomaríamos.

Y es justamente ahí donde surge una pregunta incómoda: si reconocemos la capacidad de los pueblos originarios para construir sus propios mecanismos de gobierno, justicia, representación y organización comunitaria, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer esa misma capacidad cuando se trata de decisiones económicas?

Porque todos tenemos ideas sobre lo que consideramos justo. Algunas personas creen que todos los integrantes de una organización deberían recibir exactamente lo mismo. Otras consideran legítimo que quienes asumen mayores responsabilidades, riesgos o tareas de coordinación reciban una compensación distinta. Algunas privilegian la igualdad absoluta; otras la proporcionalidad. Ninguna de estas posturas es neutral. Todas son expresiones de una visión particular sobre cómo debería organizarse una comunidad.

El problema surge cuando confundimos nuestros ideales con la única forma legítima de autonomía.

Ahora bien, reconocer la autonomía de una comunidad no significa asumir que toda decisión tomada en su interior es automáticamente justa. Las comunidades humanas, como cualquier otra organización social, pueden experimentar conflictos, asimetrías de poder, liderazgos cuestionables, exclusiones o mecanismos de representación imperfectos.

Precisamente por eso la autonomía no debería entenderse como ausencia de rendición de cuentas, sino como la capacidad de construir y fortalecer sus propios mecanismos para deliberar, cuestionar, corregir y resolver conflictos. Defender la autodeterminación de una comunidad no implica renunciar a la transparencia. Implica reconocer que las transformaciones más duraderas suelen surgir cuando las propias personas cuentan con herramientas para influir sobre las decisiones que afectan su vida.

Si defendemos la autodeterminación y la autonomía comunitaria, también tenemos que estar dispuestos a reconocer la capacidad de las comunidades para organizarse, emprender, negociar y asumir distintos roles económicos, incluso cuando esas formas de organización no encajen perfectamente con nuestras expectativas externas sobre cómo debería distribuirse el poder.

Por supuesto, esto no significa que cualquier práctica sea aceptable ni que debamos ignorar posibles abusos. Los derechos humanos, la dignidad de las personas y la posibilidad de cuestionar relaciones injustas siguen siendo fundamentales. Pero existe una diferencia importante entre proteger derechos y sustituir la voz de una comunidad por nuestras propias interpretaciones de lo que debería ocurrir dentro de ella.

La autonomía sólo es autonomía cuando incluye la posibilidad de equivocarse. Si únicamente reconocemos la agencia de una comunidad cuando produce los resultados que aprobamos ideológicamente, entonces no estamos defendiendo autonomía. Estamos defendiendo obediencia.

Del mismo modo, reconocer la agencia de una comunidad no significa asumir que todas las voces tienen el mismo nivel de influencia o que todas las personas viven una misma realidad. Las comunidades rara vez son homogéneas. Existen desacuerdos, diferencias de interés, tensiones generacionales y experiencias distintas sobre un mismo proceso.

Por eso escuchar a una comunidad no debería significar buscar una única voz que confirme nuestras conclusiones previas, sino estar dispuestos a convivir con la posibilidad de que existan múltiples experiencias legítimas al mismo tiempo, incluso cuando resulten contradictorias entre sí.

Y quizás ahí existe un riesgo que vale la pena reconocer. Porque asumir que una comunidad no puede decidir correctamente por sí misma, que necesita que otros interpreten sus intereses o que debemos corregir desde fuera las decisiones que no compartimos, puede convertirse en otra forma de paternalismo. Una forma bien intencionada, sin duda, pero paternalismo al fin y al cabo.

Paradójicamente, en nuestro afán por proteger a los pueblos originarios podríamos terminar negándoles aquello que decimos defender: su capacidad de decidir por sí mismos cómo quieren organizar su vida económica, política y comunitaria.

El dilema de los cuidados

Una reflexión adicional que me dejó este caso tiene que ver con algo que rara vez aparece en este tipo de debates: las tareas de cuidado.

Gran parte de nuestras conversaciones sobre trabajo siguen partiendo de una lógica profundamente industrial. Preguntamos cuánto gana una persona por hora, cuántas prestaciones recibe o qué tan formal es su empleo. Todas son preguntas importantes. Pero para millones de mujeres existe otra pregunta igual de relevante: ¿cómo sostengo simultáneamente ingresos y cuidados?

Mientras escuchaba algunos testimonios de artesanas, aparecían constantemente elementos como la flexibilidad de horarios, la posibilidad de trabajar cerca de casa, cuidar a sus hijos, atender a su familia o continuar participando en la vida comunitaria. Ninguno de estos factores elimina la importancia de una remuneración justa, pero sí nos recuerda que el valor de un trabajo no siempre puede medirse únicamente en dinero.

Quizá parte del desafío consiste en reconocer que muchos de nuestros sistemas laborales fueron diseñados para personas que podían separar completamente el trabajo de la vida familiar. La realidad de millones de mujeres sigue siendo distinta. Y mientras las tareas de cuidado continúen recayendo de manera desproporcionada sobre ellas, cualquier discusión sobre trabajo digno estará incompleta si ignora esta tensión.

Tal vez la pregunta no sea únicamente cuánto se paga, sino también qué tipo de vida permite construir ese trabajo.

¿Y si parte del problema es que seguimos evaluando el trabajo de las mujeres con indicadores diseñados para una economía que nunca incorporó los cuidados en su definición de productividad? ¿Será posible que algunos modelos productivos comunitarios estén intentando resolviendo simultáneamente necesidades de ingreso y de cuidado que el empleo formal tradicional sigue siendo incapaz de integrar?

Quizá ahí reaparece una de las paradojas centrales de la innovación social: suele surgir precisamente en los espacios donde dos necesidades legítimas entran en conflicto y los sistemas existentes todavía no saben reconciliarlas

Por último seguramente vendrá la pregunta, ¿y la imagen del artículo qué es? me atreví a hacer una mini encuesta en un grupo de WhatsApp de una comunidad de mujeres profesionstas líderes vinculadas a temas de sostenibilidad a la que pertenezco.

La pregunta fue: ¿qué ha pesado más en alguna decisión laboral importante en tu vida? Casi 7 de cada 10 mujeres encuestadas señalaron que las tareas de cuidado han pesado tanto como o más que el salario y las prestaciones al tomar decisiones laborales importantes. El resultado no demuestra nada por sí mismo, pero sí sugiere algo interesante: incluso entre mujeres con altos niveles de formación y participación profesional, la economía de los cuidados sigue siendo una variable central en la toma de decisiones económicas.